ESTA ES LA GESTION ZAPATERO

JUAN GARCIA VILLARACO - 17/02/2009
El Defensor del Pueblo ha remitido un escrito a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil en el que critica la decisión de la Comisaría de Barajas de rechazar en frontera a niños españoles que llegan acompañados de uno de sus padres, que carece de permiso de entrada en España. En el texto, la oficina que dirige Enrique Múgica recuerda el derecho de todo ciudadano español a entrar en el territorio nacional, derecho que, en opinión del Defensor, en ocasiones es violado en el caso de los niños que arriban al aeropuerto de Barajas junto a uno de sus progenitores sin permiso de residencia. El Defensor del Pueblo cita dos casos concretos en los que la comisaría de Barajas negó la entrada en España de dos menores que habían llegado en avión junto a sus madres extranjeras. En uno de los casos, al otro lado del puesto fronterizo del aeropuerto esperaba el padre del menor, de nacionalidad española, que intentaba infructuosamente contactar con su hijo y con la madre de éste. La oficina del Defensor recuerda que la Policía tiene la obligación de intentar localizar al progenitor que se encuentra en territorio nacional para que pueda hacerse cargo del niño, cosa que no se llevó a cabo en ninguno de los dos incidentes denunciados. Autorizar entrada menor En el caso de que ello no sea posible -recuerda el texto- nada impide que las autoridades españolas autoricen legalmente la entrada del menor y de su padre o madre para que se cumpla el derecho fundamental del niño español a residir en España. El Defensor cita una sentencia del Tribunal Supremo de 2005 que rechaza la "desmembración cierta de la familia" provocada por el proceso de expulsión de la madre extranjera de un ciudadano español. "Ni las normas sobre extranjería ni el solo sentido común pueden admitir que la madre de un español sea una pura extranjera y se la trate como a tal; que el hijo español tenga todos los derechos y su madre no tenga ninguno", subraya la sentencia, que critica que el menor pueda permanecer en España con todos los derechos, "pero solo y separado de su madre". El Defensor del Pueblo rechaza además el argumento utilizado por el comisario de Barajas de que nada impide que los menores españoles, provistos de su pasaporte, puedan acceder al territorio nacional en cualquier momento, teniendo en cuenta que se trata de niños de muy corta edad que "necesitan de sus progenitores para ejercer sus derechos". Por todo ello, la institución ha remitido una recomendación al Ministerio del Interior en la que le insta a impartir instrucciones a todos los puestos fronterizos para que se cumpla el derecho fundamental del menor español a entrar en el país. El Defensor del Pueblo solicita también que, en cualquier caso, se informe con carácter inmediato al Ministerio Fiscal de la presencia de un menor de edad español en la Sala de Rechazados de un puesto fronterizo.
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ESTE ES ZP
JUAN GARCIA VILLARACO - 17/02/2009
Tras la orden policial en Madrid Los abogados, contra la 'caza' del inmigrante 'sin papeles' • El Consejo de la Abogacía emite un duro comunicado contra las redadas • Asegura que las medidas de Interior 'criminalizan' al extranjero Ana del Barrio Madrid Actualizado martes 17/02/2009 15:14 horas • El Consejo General de la Abogacía ha emitido un duro comunicado contra la 'caza' al inmigrante 'sin papeles' emprendida por la Policía Nacional en algunas calles de Madrid. A su juicio, las medidas emprendidas por el Departamento de Alfredo Pérez Rubalcaba violan claramente el artículo 17 de la la Constitución. Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que trabajan en las calles de Madrid han recibido órdenes de sus superiores de detener un cupo semanal de inmigrantes en situación irregular. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, admitió ayer que se ha marcado a la Policía Nacional "objetivos cuantitativos frente a la delincuencia", aunque luego dio marcha atrás y hoy ha negado la existencia de dichos cupos, como se refleja en una nota interna de la Policía. Los abogados consideran que, con estas iniciativas, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está discriminando y criminalizando "a las personas por la mera situación de su irregularidad administrativa". Además, el texto asegura que las expulsiones masivas están prohibidas por las normas internacionales. El Consejo General de la Abogacía recuerda que "el Estado tiene la obligación de garantizar las libertades públicas y los derechos fundamentales de todas las personas", incluidos, los inmigrantes aunque estén en situación irregular. En el comunicado, los abogados dejan claro que "las redadas policiales masivas, la caza del 'migrante' en locutorios, en las filas del paro en busca de personas en situación irregular para cumplir unas determinadas cuotas no resultan conformes con el artículo 17 de nuestra Constitución". Los letrados de la Subcomisión de Extranjería opinan que este tipo de medidas convierten al inmigrante en un "sujeto acosado y abocado a una no deseable clandestinización". "Esta tendencia a la criminalización ha sido denunciada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos como fuente de comportamientos xenófobos y racistas", explica el escrito. El Consejo General de la Abogacía exige que estas órdenes, como la de la comisaría de Vallecas, sean revocadas y se felicita de la rectificación final del ministro del Interior.
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COMO SIEMPRE LA CULPA DE LOS DEMAS
JUAN GARCIA VILLARACO - 17/02/2009
Rubalcaba: 'Alguien no ha hecho las cosas bien, pero no ha sido el ministro' Olga R. Sanmartín Madrid "Alguien no ha hecho las cosas bien, pero no han sido ni el ministro, ni el secretario de Estado, ni el director general de la Policía, ni el director operativo". Con estas palabras, el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha insistido en que él no está detrás de de la nota interna de la Jefatura Superior de Policía de Madrid que ordena a los agentes detener cuotas semanales de inmigrantes de 'sin papeles'. La prioridad es expulsar a los inmigrantes que afectan negativamente a la seguridad Durante su intervención en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, Rubalcaba ha admitido la existencia de esta instrucción y ha reconocido que "algunas comisarías han podido poner cupos", pero ha dejado claro que esta manera de actuar "está mal", "no es sensata" y "no se va a hacer más". "Hemos cortado esta práctica radicalmente", ha asegurado, y ha recordado que el lunes dictó otra instrucción en sentido contrario. Las prioridades de su Departamento pasan, según ha explicado, por detener a los inmigrantes que delinquen, estén o no en situación irregular, algo que muy técnicamente ha denominado como "expulsiones cualificadas". Se trata, en definitiva, de "expulsar de nuestro país a aquellos extranjeros legales o ilegales cuya actividad en España pueda afectar negativamente a la seguridad del conjunto de quienes viven en nuestro país, españoles o extranjeros". Objetivos cualitativos sí "El objetivo es la delincuencia y no buscar desesperadamente 'sin papeles' por la calle", ha asegurado el ministro. En otras palabras: objetivos numéricos no, objetivos cualitativos sí. 'Hemos cortado esta práctica radicalmente' Aunque el motivo de la intervención del ministro era dar algunas cifras sobre la lucha contra la inmigración clandestina, el escándalo de los cupos ha centrado un debate de casi cuatro horas. Todos los diputados de la oposición le han reprochado, con mayor o menor vehemencia, estas actuaciones policiales, denunciadas por los sindicatos. PP: 'Le echa la culpa a los policías' Ni el PP ni UPyD se han creído que Rubalcaba no estuviera al tanto de la nota interna y le han reprochado que "les eche la culpa a los policías". "Resulta curioso que usted no sepa nada de esto. Es especialista en ocultar los datos y, cuando los datos le explotan en las manos, le echa la culpa a los policías. Usted dio estas instrucciones. Bueno, usted o quien fuera, ya sé que no le voy a pillar dando órdenes por escrito", le ha dicho el portavoz de Inmigración del Grupo Popular, Rafael Hernando. Y ha considerado "patética y cobarde su actitud y este intento de escurrir el bulto". Rosa Díez: '¿Es que quiere decir que los policías actuaron de 'motu proprio'?' "¿Es que quiere decir que los policías actuaron de 'motu proprio'?", le ha preguntado a Rubalcaba una tan implacable como lúcida Rosa Díez (UPyD), que ha llegado a afirmar que con estas prácticas "se ha instaurado una especie de estado policial de excepción". Tras recordar varios artículos de la Constitución Española que incumplen los cupos de detenciones de inmigrantes, Díez ha pedido al ministro que asuma responsabilidades políticas. Emilio Olabarria (PNV) ha considerado "sospechoso" que, desde que se están produciendo estás prácticas policiales, "se haya incrementado exponencialmente el número de ciudadanos extranjeros que han llegado a otras ciudades". Según este diputado vasco, los policías de Madrid y Valencia detienen a los indocumentados y, en vez de enviarles de vuelta a su país, los mandan a los centros de acogida del País Vasco y de otras comunidades autónomas. "Esta perversión debe finalizar", ha sentenciado. Joan Tardá (ERC) no ha cargado demasiado las tintas sobre los cupos, aunque ha recordado que "detener a un padre en situación irregular a la puerta de un instituto cuando lleva a su hijo al colegio crea una alarma social" y Carles Campuzano (CiU) ha recordado las "repercusiones negativas" que acarrea identificar la delincuencia con la inmigración. Los sindicatos desmienten a Rubalcaba Los sindicatos policiales se han apresurado a responder a Rubalcaba y expresar, en un comunicado, que "las prácticas de identificaciones indiscriminadas de jóvenes y extranjeros son producto de los responsables políticos. Cuando menos del director general de la Policía y la Guardia Civil y del director adjunto operativo, como decimos, informados por las organizaciones sindicales en el seno del órgano competente para ello, y que son transmitidas por la cadena de mando hacia los subordinados". El Sindicato Unificado de Policía, la Confederación Española de Policía y la Unión Federal de Policía y el Sindicato Profesional de Policía sostienen que "alguna responsabilidad tendrá el Ministerio del Interior, que, informado de todo esto por los sindicatos policiales, no ha hecho nada al respecto hasta que la opinión pública ha supuesto una amenaza para el Ministerio".